Como ya avanzó horas antes el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, las comunidades del PP han dado luz verde este miércoles al traslado de casi 400 menores migrantes de Canarias y Ceuta a la península. Solo Cataluña se ha abstenido de este acuerdo, que lleva ratificándose desde 2022. En lo que no se han mostrado partidarios los gobiernos populares es en la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, negociada entre el Gobierno y Canarias para hacer obligatoria la reubicación de los niños extranjeros cuando un territorio de llegadas esté sobrepasado. Los consejeros han afeado al Ejecutivo que les haya enviado el borrador de la iniciativa apenas un día antes de la Conferencia Sectorial de Infancia y han exigido más recursos y financiación para la acogida. 

Celebrada en Tenerife, la reunión de este miércoles era decisiva, en tanto en cuanto iba a marcar la postura del PP respecto a la reforma legislativa que el Ejecutivo central espera aprobar en el Congreso de los Diputados cuanto antes. El Gobierno lleva varios días pidiendo "responsabilidad" a Feijóo, consciente de que, sin los de Génova, no cuenta con los apoyos suficientes para sacar adelante su propuesta, ya que Junts se ha desmarcado al exigir que se excluya a Cataluña de esa obligatoriedad, algo que nunca ha llegado a aceptarse. 

La iniciativa presentada establece un mecanismo "solidario y vinculante" para todo el país, de tal forma que todas las autonomías estén obligadas a acoger a menores no acompañados cuando los territorios de llegada sobrepasen el 150% de su capacidad. En el caso de Canarias, por ejemplo, sobrepasada ahora con 6.000 menores, la medida supondría aliviar la presión con la reubicación de unos 3.000. Pero, para el PP, la medida no tiene sentido si no va acompañada de una batería de recursos —materiales, económicos y humanos— para asegurar la acogida adecuada de esos menores migrantes. Piden, concretamente, que sea el Estado el encargado de habilitar las instalaciones y gestione la acogida de los menores cuando las comunidades estén desbordadas. 

Madrid rechaza los "parches" del Gobierno en la crisis migratoria: "Mañana seguirá el colapso en las autonomías"

Es más, en el PP consideran que para abordar la crisis migratoria no tiene por qué ser necesaria una reforma legal, sino planificación y coordinación del Gobierno con los territorios, aparte de un fondo de contingencia y alojamientos y medios para poder acoger a los menores. Todo ello unido a que el Ejecutivo pida ayuda a la UE para hacer frente a la situación, tal y como llevan reclamando desde la semana pasada, por la condición de España de frontera de Europa.

El Ejecutivo, por su parte, afea a las comunidades gobernadas por el PP que se hayan puesto de perfil alegando la necesidad de más tiempo para estudiarlo y asegurando que es una medida que tiene que trasladarse al PP estatal y que, en todo caso, deberá debatirse en el Parlamento. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha recriminado en ese sentido que los consejeros 'populares' hayan aceptado ese reparto de casi 400 migrantes, pero que sin embargo no se hayan mostrado a favor de la modificación legislativa. "El tiempo corre en contra", ha advertido, subrayando que la situación actual en Canarias es "insostenible" y que lo más probable es que se produzcan más llegadas "en los próximos meses".

También la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha manifestado su descontento con las reticencias hacia un texto que defiende como necesario para garantizar el equilibrio territorial en la acogida de menores migrantes. Pero, según ha lamentado, "las comunidades autónomas no se han vinculado demasiado a la propuesta y la han situado en el marco del PP a nivel estatal". En cualquier caso, ha añadido, "la pelota está ahora en el tejado del PP". 

Lo que dice la reforma del artículo 35

El borrador al que ha tenido acceso 20minutos incide en el "desigual impacto territorial" al que se enfrenta el país en cuestión migratoria, siendo Canarias, Ceuta y Melilla los receptores con "mayor intensidad" de las personas migrantes. En la exposición de motivos, el documento defiende la necesidad de que sea el Estado el que acuerde la ubicación territorial de los menores no acompañados, vista la "insuficiencia" de las comunidades autónomas receptoras "para garantizar la prevalencia del interés superior del menor. 

Así, la iniciativa pactada entre el Gobierno central y Canarias establece un mecanismo "vinculante" y "obligatorio" para las comunidades autónomas, que tendrán que hacerse cargo de los menores extranjeros cuando Canarias, Ceuta o Melilla sufran una "sobreocupación" que supere el 150% del número de plazas disponibles en el sistema de protección. 

Un desbordamiento que también queda concretado en un anexo de la proposición de ley, en la que queda plasmada que Canarias tiene 2.000 plazas disponibles para la acogida, y que se considerará que está sobreocupada cuando atienda a más de 3.000 menores migrantes no acompañados (2.000 más que los que acoge a día de hoy). En el caso de Ceuta, que cuenta con 88 plazas, se dará por tensionada cuando supere los 132. Y Melilla, con 166 plazas, se declarará sobreocupada con 249 menores en sus centros. 

Feijóo garantiza que las comunidades del PP acogerán a 400 menores inmigrantes y exige recursos "directos" para el futuro

Así, y según la reforma planteada, las comunidades tendrán 15 días para hacer efectivo los traslados que les hayan sido asignados a su territorio. Los criterios que determinarán cuántos menores migrantes debe acoger cada comunidad autónoma se tendrán que concretar en una próxima Sectorial, que tendrá que convocarse en un plazo de tres meses desde que se apruebe la norma. Hasta entonces, regirán los que se han ido aplicando en los últimos años según el mecanismo de contingencias migratorias aprobado en 2022 (paro, dispersión territorial, población, etc.). 

La norma establece también un periodo transitorio para el caso de los menores migrantes solos que a la entrada en vigor de la ley ya estén en cualquiera de esos tres territorios y formen parte de la sobreocupación en el sistema de protección. Así, concreta que, una vez identificados, deberán tendrán que ser trasladados en el plazo máximo de un año. 

y precisa que "se incluirán las medidas que se estimen necesarias para establecer una financiación suficiente" para aplicar el Plan de respuesta ante la situación de contingencia migratoria extraordinaria, que también será ratificado por las comunidades en una Sectorial. "La negativa reiterada e injustificada al cumplimiento de sus obligaciones —reza el texto— dará lugar a responsabilidades disciplinarias como infracción muy grave". 

El PP da luz verde al reparto de 350 menores migrantes

Lo que sí ha salido adelante este miércoles es una partida de 20 millones de euros para el reparto voluntario de casi 400 menores migrantes de Ceuta y Canarias. Un punto que ya se abordó en la última Sectorial, celebrada el pasado 11 de junio, pero que no salió adelante por el bloqueo de las comunidades gobernadas por el PP, que un mes después sí que han dado luz verde a la medida.

Este reparto voluntario forma parte del mecanismo de contingencias migratorias mediante el cual, desde septiembre de 2022, se distribuye la misma partida todos los años a los territorios para que acojan a los menores de Ceuta y Canarias según una serie de indicadores, como la tasa de paro de la comunidad, su dispersión poblacional, la renta per cápita, o el esfuerzo de los últimos meses en la atención a niños y adolescentes no acompañados.

Gobierno y comunidades barajan trasladar otros 400 menores migrantes procedentes de Canarias y Ceuta

Un mecanismo que, precisamente, ha servido como inspiración para la propuesta de reforma del artículo 25 de la ley de extranjería. Por un lado, por los criterios de reparto; pero también por la ineficacia que ha demostrado a la hora de garantizar que las comunidades autónomas cumplan voluntariamente con lo pactado, pues las cifras revelan que, por ejemplo, de los 396 migrantes que se acordó trasladar en 2023 al resto del país, a día de hoy solo se han reubicado el 15% en cuatro autonomías (Andalucía, Aragón, Asturias y Navarra). Hasta de 2022 quedan todavía menores por trasladar: el 40% de los 378 acordados entonces.

"La cuestión es que lo que ha habido vigente hasta ahora es solidario y no se ha cumplido", ha aseverado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, quien antes de entrar a la reunión ha insistido en que "el mecanismo voluntario no está siendo efectivo", lo que demuestra la necesidad de impulsar una reforma "que lo plante una reforma que garantice una acogida "vinculante" en todo el país.